Con el objetivo de armonizar fiscalmente la tributación de las operaciones comerciales realizadas entre los países miembros de la UE se estableció un sistema que combina, por un lado, la eliminación de fronteras físicas entre los Estados miembros y, por otro, el mantenimiento de la soberanía fiscal propia de cada Estado. Es lo que habitualmente se conoce como régimen transitorio, aunque viene siendo de aplicación desde la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en el año 1993.
De esta manera, el legislador, en vez de optar por un sistema de tributación en origen (el cual solo hubiera sido posible si todos los Estados miembros hubieran cedido sus competencias fiscales en materia del IVA), estableció que, en las entregas intracomunitarias de bienes efectuadas entre empresarios o profesionales, la tributación debía efectuarse en destino, es decir, en el país de llegada de las mercancías.
Así, a través de la Ley del IVA se articula un procedimiento que consiste básicamente en declarar la exención del impuesto para aquellas entregas de bienes que son expedidas o transportadas al territorio de otro Estado miembro de la UE, pues será en ese otro Estado de destino donde la operación se someterá a tributación de forma efectiva.